Cuadrados negros, cuadrados blancos, alfiles, torres y peones. En esto se ha convertido España. En un simple y ordenado tablero de ajedrez.
¿Y contra quién está disputando la partida el Estado Español? Ni más ni menos que contra la comunidad autónoma más valiosa y preparada: Cataluña.
Este año 2017 es el año en el cual se prevé el jaque mate, ya sea por un lado o por otro, finalizando así la larga partida que tuvo inicio en 2010.
El Parlamento catalán, con mayoría de diputados independentistas, tiene claro, y así lo ha dado a entender por activa y pasiva, que este año va a convocar un referéndum, legal y vinculante, con o sin el consentimiento de España.
Tal y como dijo en enero el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: “En el año 2017 empieza una nueva era en la historia de Cataluña”
Por su lado, el gobierno liderado por Mariano Rajoy, se planta en que bajo ninguna circunstancia va a permitir dicho referéndum porque va contra la Constitución española, por lo que sería ilegal y sería una falta de respeto al Estado de derecho.
“No podemos negociar aquello de lo que no podemos disponer. Y eso corresponde al conjunto del pueblo español.” dijo la vicepresidenta del gobierno en su última visita a Cataluña
Desde las elecciones catalanas el 27 de septiembre de 2015, la fuerza social que había congregado millones de personas en las calles de Barcelona, durante diversas manifestaciones, se ha visto traducida en fuerza política.
La hoja de ruta del Parlamento Catalán es la siguiente: en junio aprobar tres leyes de desconexión: la ley de hacienda propia, la ley de seguridad social y la ley de transitoriedad jurídica, siendo ésta última la más importante ya que sería la creación de un nuevo marco legal para celebrar un referéndum vinculante.
A parte de estas tres leyes, la Generalitat se está encargando de denunciar el trato recibido por parte de España en la Unión Europea.
El día 24 de enero Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y Raül Romeva, el consejero de Asuntos Exteriores, realizaron una conferencia en el Parlamento Europeo exponiendo la situación actual y explicando que Cataluña lo único que busca es votar, sinónimo de democracia; uno de los valores fundamentales en que se rige la Unión Europea. Actos como estos hacen que el último informe emitido por el Centro Nacional de Inteligencia (español) destacara la brecha que se está abriendo en la solidaridad con España por parte de Europa.
Todos los avances políticos desarrollados por Cataluña están teniendo respuestas judiciales por parte del Tribual Constitucional.
En los próximos días, Artur Mas (ex presidente de la Generalitat) y otros consejeros y diputados de su partido, serán juzgados por haber llevado a cabo el 9 de noviembre de 2014 una consulta –no vinculante- para saber la opinión de los ciudadanos catalanes en referencia a una Cataluña independiente. Se les acusa de desobediencia y prevaricación, lo que comportaría la inhabilitación política, al menos durante unos años.
Y ahora que el referéndum unilateral de independencia se ha puesto sobre la mesa, el gobierno español ha imputado a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber permitido debatir y votar las conclusiones de la comisión del proceso constituyente en un pleno parlamentario.
En resumen, los procedimientos judiciales y las inhabilitaciones políticas son las herramientas que tiene España para intentar frenar el avance independentista. No obstante, esto parece estar provocando el resultado opuesto. Es posible que España se acabe decidiendo por tomar medidas más contundentes como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que comportaría la suspensión de la autonomía de Cataluña, o ya en un caso extremo, como declaró un ex teniente: dentro de ejercito cada vez hay más ganas de realizar una intervención militar en Cataluña.
El conflicto ha llegado a un punto en que la cuestión no gira en torno a la independencia sino en torno a los principios democráticos y al derecho de autodeterminación. Un sondeo realizado por El Periódico en diciembre de 2016 determinó que el 85% de los catalanes quieren un referéndum para decidir el futuro de Cataluña.