Uno de los países al que nos referimos presenta prácticamente el menor desarrollo humano de América del Sur y el otro es miembro de la Unión Europea. En uno de los dos estados analizados el turismo es el principal pilar de su economía mientras que el otro se basa en la minería y en la extracción de gas natural. Uno ha elegido la estrategia de impedir, en todo momento, la expresión a través de las urnas de una parte de su población. Y el otro país ha decidido obviar la votación democrática simplemente porque el resultado no fue de su interés. Estamos hablando ni más ni menos que de Bolivia y de España, cuyos métodos han sido distintos, pero cuya finalidad siempre ha sido la misma: ignorar la voluntad del pueblo. 

     En primer lugar tenemos a Bolivia, que el veintiuno de febrero de 2016 realizó un referéndum para determinar si se le permitía a su presidente actual, Evo Morales, presentarse nuevamente en las elecciones de 2019 –había concluido ya sus dos mandatos lícitos y eso sin considerar su primer mandato, de 2006 a 2010, que el Tribunal Constitucional omitió por haber sido previo a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia–. 

     Y en segundo lugar tenemos a España, que no permite bajo ninguna circunstancia que la región de Cataluña pueda expresarse en las urnas para determinar su futura relación con el propio Reino de España –llegando incluso a utilizar la violencia ante la población que acudió a votar el 1 de octubre de 2017, en un referéndum unilateral de independencia, o inhabilitando y multando a los políticos que realizaron una consulta simbólica sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014–.  

      En el caso de Bolivia, que permite la votación pero la acaba ignorando, tiene el punto positivo que transmitió, en primera instancia, la sensación de ser una democracia –y además teniendo Evo Morales altas posibilidades de ganar–. No obstante, en el momento en que el resultado victorioso fue para la opción del NO, y Evo Morales continuó postulándose como candidato para las próximas elecciones, quedó claro que Bolivia no se trata, ni mucho menos, de un país con un gobierno ni justo ni transparente.  

      Y en el caso de España, que emplea la represión con sus adversarios políticos, es una táctica interesante porque hace que una gran parte de su población se crea los argumentos expuestos, por más absurdos que sean, –“votar es antidemocrático” o “hacer un referéndum es de dictadores”–, pero si la falsedad se mantiene, acaba corriendo el riesgo de quedar en evidencia, delante de países democráticos y libres, por hechos tan sensibles como es tener presos políticos. 

     En resumen, hemos ejemplificado dos países cuyo tribunal constitucional se encuentra totalmente politizado; ya sea para intervenir y determinar, después de haber efectuado un referéndum, que el limite de reelecciones de un presidente es indefinido, o para que los jueces encuentren violencia y rebelión en dónde sólo hay campos de tulipanes.

      No olvidemos que estamos hablando de dos países con los peores índices de separación de poderes –en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito mundial– y por último, y no menos importante, dos territorios que hace alrededor de cuarenta años estaban gobernados por fuerzas militares.